El rector de la Universidad Nacional de Luján se refirió al crítico momento que atraviesan las universidades por falta de presupuesto: "La situación es grave de verdad, no es un chiste". Indicó que de mantenerse esta situación existe riesgo cierto de continuidad.
A comienzos de marzo, la Universidad Nacional de Luján (UNLu) se declaró en estado de emergencia económica ante el congelamiento presupuestario determinado por el gobierno de Javier Milei para la totalidad del sistema universitario. La medida definió priorizar el pago de salarios, las ayudas a los estudiantes y las becas de investigación. En contrapartida, la declaración incluyó la decisión de suspender “la ejecución de gastos que no sean indispensables”.
La única respuesta estatal fue una limitada actualización presupuestaria que, además de insuficiente, todavía no se hizo efectiva: “Todavía no llegó, aparentemente estaría firmada pero no llegó a la universidad. Entendemos que va a llegar, pero todavía no llegó. De todas formas, eso es una gota en el desierto. Obviamente que ayuda, pero no sirve para mucho. No cambia la situación”, explicó a este medio Walter Panessi, rector de la UNLu.
En las vísperas de la marcha nacional que el sector realizará este martes, la máxima autoridad de la casa de altos estudios describió un panorama crítico que pone en riesgo cierto la continuidad de la institución. Respecto a ese último punto, Panessi expuso que “la universidad sigue abierta porque teníamos una cuenta de inversión del año pasado que con tasas altas y un dinero que había llegado del Ministerio de Ciencia y Tecnología nos generó intereses que hoy nos permiten tener la universidad abierta”. El rector fue explícito: “Sin eso ya tendríamos que haber cerrado, no se podría pagar la luz. A partir de la resolución que establece la emergencia económica de la UNLu nos propusimos tratar de sostener la universidad abierta y que en función de eso se garantice el pago de becas y el dictado de clases. Ese fue el camino que se decidió pensando que en algún momento la situación se iba a acomodar. Hoy la realidad está cada vez más complicada, lo que obligará a establecer recortes. ¿Cómo hago para sostener una universidad para 30 mil estudiantes si no puedo limpiar los baños o si no puedo tener los servicios mínimos activos? La situación es grave de verdad, no es un chiste”.
El desfasaje presupuestario se completa con un esquema de costos en constante aumento. “Los actuales gastos de funcionamiento son insostenibles. La última tarifa de electricidad de la sede central fue de 15 millones de pesos, cuando la anterior había sido de 5 millones. El monto total, contabilizando los centros regionales, va a ser escandaloso. Nosotros tenemos un poco más de 70 millones de pesos de gastos de funcionamiento y en la sede central solo de luz tenés 15 millones y 30 en gastos de seguridad. Imaginate todo lo que hay que sumarle a eso”.
En este contexto grave, las respuestas de los funcionarios responsables suman preocupación. En una reunión con rectores, el secretario de Educación “nos planteó que recortemos gastos superfluos para poder acompañar los recortes que se están haciendo”. Panessi se preguntó “qué son gastos superfluos”, y destacó que “uno puede ahorrar en algunas cosas, pero si nos falta un tercio del presupuesto no hay recorte posible. El mensaje que nos dan es que tenemos que hacer un esfuerzo para sostener la crisis del país”.
CONVOCATORIA
De cara a la marcha de hoy martes, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) convocó a defender la educación pública, la ciencia y el sistema universitario nacional mediante un comunicado. El espacio, que agrupa a rectores y rectoras de las universidades nacionales, expuso que “la situación económica financiera que atraviesa el sistema universitario público es grave y necesita urgente respuesta por partes de los poderes del Estado nacional”.
“Las universidades nacionales hemos dialogado con distintos representantes de Poder Ejecutivo en estos primeros 100 días de gobierno y planteamos en detalle la compleja situación del sistema. Hemos aprobado una declaración en febrero en la que expresábamos nuestra preocupación por la falta de acuerdos paritarios en desmedro del poder adquisitivo de nuestros trabajadores, por el deterioro del sistema científico, tecnológico y de innovación; la suspensión total de obras de infraestructura científica y universitaria en ejecución; la abrumadora falta de actualización de los gastos de funcionamiento y la no renovación de los sistemas nacionales de becas”, expresaron.
Desde el CIN se planteó la necesidad de que “la sociedad en general y la comunidad universitaria en particular nos acompañen en nuestro reclamo”, ya que “se trata de la defensa de la sociedad argentina en su conjunto, que sí quiere resolver sus problemas estructurales, debe priorizar la educación pública que nos iguala y hace libres, la formación universitaria de excelencia y la inversión en ciencia y tecnología y, consecuentemente, jerarquizar su asignación presupuestaria”.
“Defendemos el derecho de las y los jóvenes de acceder, según su deseo y vocación, a la educación pública superior de excelencia, no arancelada y con ingreso libre. Un sistema abierto que promueve la movilidad social y las transformaciones de nuestras comunidades, del que nuestras y nuestros graduados son su mejor expresión. Reclamamos que cualquier acuerdo que se promueva a nivel nacional priorice como central la cuestión educativa”, agregaron.