“No es cierto que las producciones agroecológicas no sean rentables”

Como parte del debate referido al proyecto para prohibir en Luján el uso de glifosato en las fumigaciones, el Partido Socialista realizó el viernes una charla-debate en su sede. El invitado fue Claudio Lowy, ingeniero forestal de la Universidad Nacional de La Plata, entre otros títulos profesionales, y autor de numerosos trabajos vinculados a la sostenibilidad ambiental, social y económica.
Ante un concurrido y participativo público, que no contó con la presencia de ningún edil local, Lowy brindó un panorama amplio sobre la utilización de agroquímicos en la producción rural. En primera instancia, un representante del PS hizo referencia al proyecto presentado recientemente en el Concejo Deliberante, iniciativa que aún no fue tratada por la Comisión de Salud del Departamento Deliberativo: "El proyecto surgió por la inquietud de los vecinos de con un campo sembrado con soja que está enclavado en el medio del barrio Juan XXIII. A partir de ese momento empezamos a analizar el tema. Empezamos en enero, hicimos contacto con otras personas, y la misma problemática pasa en el barrio Ameghino, y en Jáuregui, con campos enclavados en zonas urbanas o en los mismos barrios".

ATENCIÓN

En primera instancia, Lowy dijo que "hay que tener cuidado con hablar sólo de glifosato y quedarnos tranquilos, porque en vez de glifosato nos ponen otro agroquímico y hay que empezar de nuevo".
También a modo de introducción, el disertante explicó que el empleo de agroquímicos en zonas pobladas depende de tres llaves de paso: una nacional, una provincial y una municipal.
Por eso habló de "una cañería legal", y si alguna de esas canillas está cerrada, "el agroquímico no llega a la gente".
Además, "tiene que existir una indiferencia por parte del productor, del profesional que autoriza y del aplicador. Si alguno de ellos tres no quiere, es muy difícil que se fumigue sobre poblaciones".
Lowy impulsa el cambio de la metodología de clasificación de agroquímicos, actualmente regulada por la resolución 350, promulgada en 1999 por la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación, a cargo del luego gobernador bonaerense Felipe Solá. Para lograr los cambios propuestos, Lowy ya realizó una presentación en la Defensoría del Pueblo, con la consiguiente recolección de firmas.
De acuerdo a lo expresado por el profesional, la resolución en cuestión es la que genera el marco legal para aprobar y para clasificar los agroquímicos, clasificación que es "la norma infame original".
"La clasificación que se utiliza es la que se llama la dosis letal aguda 50 (DL 50). Esto quiere decir que se toma una muestra de ratas, y se le aplica dosis del agroquímico para probar su toxicidad. Se busca la dosis que mata al 50% de las ratas en un período breve. Si la cantidad de sustancia que se le aplica a la muestra de ratas es poca y mata al 50%, eso quiere decir que el producto es muy tóxico. Si la cantidad es mucha en parte por millón, entonces el producto es poco tóxico, y le corresponde la banda verde", resumió Lowy.
Sin embargo, para el invitado la metodología de clasificación no contempla otros daños: "No considera si produce afectos al hígado, no considera si genera cáncer, no considera los daños crónicos, no considera qué pasa si somos sometidos repetidamente a la fumigación. Es decir, sólo considera si mata, y de manera rápida".
"Además, no es sólo el parámetro de afección, sino que también los estudios que se tienen en cuenta son los de las empresas que fabrican, patentan y comercializan los agroquímicos", agregó.

ANTECEDENTES

Como parte de su disertación, Lowy citó dos antecedentes jurídicos que defienden a las poblaciones víctimas de las fumigaciones intensivas con productos que dañan la salud y el medio ambiente. Al respecto, hizo referencia al caso del barrio Urquiza en la localidad de San Jorge, Santa Fe. En ese lugar, los vecinos lograron que la Justicia suspenda la utilización de agroquímicos a una distancia de 1500 metros de la zona urbanizada. Un episodio terminó por convencer a la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial: una nena fue "bañada" con glifosato mientras jugaba en el patio de su casa, mientras se fumigaba un campo cercano sembrado con soja.
"En ese caso también está el daño civil, porque una cosa es que dejen de fumigar y otra que además reparen el daño que le hicieron a la salud de la chiquita. Pero el glifosato tiene el inconveniente de que es muy difícil de detectar, tiene que ser un laboratorio especializado y que, además, tenga buenas intenciones. Para demostrar que los problemas pulmonares y bronquiales eran consecuencia del glifosato, la familia de la nena tenía que sacarle una muestra de sangre, protocolizarla en Santa Fe, y mandarla a un laboratorio de la Universidad de Buenos Aires. Esa historia demandaba un gasto de 2 mil pesos por muestra, algo que significaba entre el 50% y el 75% del ingreso familiar", graficó Lowy.
Por otra parte, citó fragmentos de un informe realizado por la Comisión de Salud de Chaco. Entre otras cuestiones, ese trabajo determinó que en una década se triplicaron los casos de cáncer de niños, y se cuadriplicaron los nacimientos con malformaciones. "Si no peleamos contra eso, contra qué peleamos. Si no peleamos para que las madres dejen de darles a sus hijos leche de teta con agroquímicos, contra qué peleamos". 
Respecto de patologías oncológicas infantiles y de leucemias, tumores cerebrales y linfomas, el estudio expresa que "se observa un mayor número de casos anuales".

TODO POR HACER

Si se habla de utilización de agroquímicos, no puede dejarse de lado el avance que en los últimos años evidenció el monocultivo de soja transgénica, cuya llegada al país fue autorizada a mediados de la década pasada.
Además del daño ambiental, el invitado marcó otro perjuicio que trae el cultivo de soja: "Se genera un puesto de trabajo cada 500 hectáreas. Esto implica que se pierda toda la cadena de valor que tenía, por ejemplo, el algodón. Si hay un trabajo que es desagradable es ser cosechador manual de algodón. Sin embargo, en ese documental (Hambre de soja), un cosechador de algodón que se quedó sin laburo, y cobra por sus hijos algunos planes sociales, dice que extraña ese trabajo. Los pibes, para mejorar la rentabilidad van y hacen de banderilleros (funcionan como guías humanas para los aviones fumigadores, y así también resultan fumigados), porque no hay otro laburo".
En contraposición, el invitado puso el caso de Guadalupe, una pequeña población al norte de Santa Fe, donde existe producción agroecológica. En una de sus visitas a esa localidad, Lowy pudo conversar con uno de esos productores, quien le informó que "todos los meses tiene clientes nuevos sin tener que salir a hacer ninguna publicidad".
"Lo que pasa es que tiene que trabajar, ese sí se levanta a las 5 de la mañana, y no alquila el campo. Una cosa son productos orgánicos y otros agroecológicos. En el caso de la producción agroecológica, la producción de alimentos está en función social, lo cual ya está pasando en lugares como España, que no es justamente un país socialista o comunista. Estamos hablando de privilegiar la producción de alimentos de la población que vive cerca del lugar donde se está produciendo, eso es soberanía y seguridad alimentaria".
Sobre el tema, dijo además que "no es cierto que las producciones agroecológicas no sean rentables", y que la forma tradicional de cosechar alimentos "daña sistemáticamente el recurso productivo principal que es el suelo".
Consultado sobre los pasos a dar para lograr que se prohíba el glifosato en un distrito, el profesional habló de establecer, como primera instancia, los límites sobre los cuales no se puede fumigar con agroquímicos, y después el reordenamiento territorial.