Mientras crecen las críticas, el Ejecutivo mantiene su intención de aprobar el COU

Cuando a fines del año pasado el grupo de profesionales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), conocido como La Brújula, entregó el trabajo final de consulta sobre el proyecto de Código de Ordenamiento Urbano (COU), se acordó la conformación de una comisión asesora que permitiera trabajar en el tema y lograr una norma de transición.
La Brújula, por medio de una ronda de consultas a diversos actores sociales, abrió una instancia de participación que aportó propuestas de modificaciones sustanciales al texto original. Sin embargo, el propio gobierno que en su momento auspició el desembarco de los profesionales, decidió desestimar las sugerencias y funcionarios de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos elevaron en febrero al Concejo Deliberante un texto donde se cuestionan con dureza las propuestas de La Brújula. Por estos días, además, continúan las reuniones en distintas comisiones y también con instituciones interesadas en el COU, por ejemplo el Colegio de Arquitectos. Desde la otra vereda, organizaciones sociales y políticas difundieron un comunicado para alertar sobre "otro intento de corrupción del gobierno municipal", en referencia a los ribetes escandaloso que el tratamiento del COU tuvo en 2013.

LA RESPUESTA
En su respuesta, los profesionales de La Brújula expresaron que "hay que aclarar que el informe es producto de las observaciones de los vecinos y que ninguna de las observaciones se fundamentó en críticas al sistema capitalista o postulados políticos". En tal sentido, "es importante recordar a la comunidad y al Honorable Concejo Deliberante que el equipo que redactó el informe está integrado por profesionales de distintas disciplinas y actuaciones técnicas a nivel nacional e internacional, y ha sido respetuoso de las diferentes opiniones políticas y técnicas de los vecinos que participaron en el proceso participativo, no excluyendo ni promoviendo ninguna opinión por ninguna razón".
Así, opinaron que las consideraciones que Obras Públicas acercó a los concejales "son irrespetuosas para la comunidad que participó en las distintas instancias de participación e injusto para nuestro trabajo".
"Invitando a revertir esta situación desagradable, volvemos a poner a disposición del Municipio y de las organizaciones sociales que lo demanden, la base de dato geo-referenciada preparada especialmente para llevar adelante una discusión en profundidad de las implicancias de la aplicación del anteproyecto COU, tanto en términos sociales, ambientales, económicos y culturales, esperando poder aportar con ello a la aprobación expeditiva de la norma y consenso de la población respecto a su conveniencia", agregaron.
A continuación, La Brújula puntualizó en los distintos aspectos criticados por el Ejecutivo. En primer lugar, ratificaron "la importancia de remover permisos de usos que tiendan a la conurbación (fusión de la ciudad de Luján con las localidades, algo pedido por los vecinos en forma reiterada y conveniente desde un punto de vista urbanístico para un mejor manejo del territorio)". Por eso, reiteraron sus críticas con respecto a la posibilidad que brinda el actual proyecto de favorecer las urbanizaciones cerradas en la calle Alsina, entre Luján y Jáuregui.
Por otra parte, "aunque la comunicación no hace mención alguna al respecto, creemos importante insistir enfáticamente en la importancia de tomar en cuenta las observaciones en cuanto a las estrategias de reducción de riesgos de desastre, especialmente la zonificación residencial en la zona próxima al río con riesgo de inundación, así como los límites a la urbanización y transformación del territorio y otros conceptos incluidos en el informe". Por eso, "evidencias de la última inundación de Luján deben ser tomadas muy seriamente en el ordenamiento territorial del municipio para avanzar en las estrategias de reducción de desastres que distintas organizaciones no gubernamentales y vecinos plantean".
Luego de otras consideraciones técnicas, desde La Brújula sostuvieron que "la comunicación no menciona ni hace mención alguna a cuestiones muy importantes como las irregularidades administrativas detectadas, ni la comisión asesora, ni cuestiones que son fundamentales para transparentar el proceso y lograr la deseada adhesión de los vecinos para la aprobación de la norma".