Asumieron nuevas autoridades en el Consejo de Seguridad

Luego de la reforma a la ordenanza que regula el funcionamiento del Consejo Permanente para la Seguridad Ciudadana, aprobada en diciembre pasado, el lunes quedaron oficializados los nuevos miembros del órgano ejecutivo. En la normativa y su modificación, se establece un total de 20 integrantes entre funcionarios, concejales, vecinos particulares y representantes de distintas organizaciones.
Concretamente, la ordenanza fija un miembro del Departamento Ejecutivo, dos concejales, un consejero escolar, un representante del  sector comercial, otro del sector agropecuario, un vecino por cada localidad, cuatro sociedades de fomento, dos particulares, otros dos integrantes de ONGs. Para cada categoría, la Dirección de Entidades Comunitarias dispuso de registros donde los interesados pudieron inscribirse a los fines de participar en las elecciones que la asamblea del Consejo terminó por efectuar el lunes, salvo en el caso de las localidades.
En cuanto a las organizaciones no gubernamentales, en total fueron cuatro las interesadas: Coprofesh, Aldeas Infantiles, Luján Rugby y el Club Social y Deportivo Cortínez. Las dos primeras fueron las elegidas para sumarse al Consejo de Seguridad. En total fueron 15 las sociedades de fomento inscriptas, y finalmente resultaron seleccionadas la de los barrios Sarmiento (13 votos), Santa Marta (10 votos), Elli (10 votos) y Lanusse (10 votos).
Otra de las categorías fue la de vecinos particulares, con una inscripción de 92 personas. Resultaron elegidos Margarita Sotelo y Mario Besolari, mientras que Mariel Pérez y Agustín Micieli quedaron en calidad de suplentes. El resto de los vecinos se sumarán al Departamento Deliberativo del Consejo.
Por otra parte, Luis Andrieu continuará en el organismo como representante del sector agropecuario, mientras que Héctor Navarro lo hará como integrante del Departamento Ejecutivo y Viviana Flosi desde el Consejo Escolar. En representación de las localidades, Norberto Valdesogo lo hará como vecino de Open Door; Héctor Barreto, de Torres; y Silvina Mendoza por Jáuregui y Pueblo Nuevo (ver "Localidades").
Todavía resta elegir al representante del sector comercial, para lo cual se hará una convocatoria a Asociación de Comerciantes, Industriales y Productores (ACIP).

BALANCE

Previo a la elección de los nuevos miembros, el cuerpo saliente rindió cuentas de lo realizado en la primera etapa. Luis Andrieu indicó que "cuando se conformó el CPSC la situación de la seguridad era apabullante, había 66 agentes en todo el distrito y 5 vehículos disponibles". "Lo mismo sucedía en el COM, donde había 12 cámaras de seguridad funcionando. Se procedió a la puesta en funcionamiento de la primera etapa que permitiese llegar a fin de año con 100 cámaras, lo que requirió una inversión de 250 mil pesos. Se encuentra en etapa de planificación la segunda etapa de cámaras que permitirá colocar 100 cámaras de seguridad más en Luján, con una inversión de 750 mil pesos", agregó.
Andrieu informó también que "se adquirió una flota de 20 radios y teléfonos asignados a cada móvil policial para que los vecinos puedan comunicarse en forma directa con el móvil asignado a su zona. Esto llevó una inversión 40 mil pesos". Además, "se procedió a la instalación de 25 nuevas luminarias y están previstas 4 etapas posteriores de 25 luminarias cada una en barrios y localidades".
Al cierre del ejercicio, "Luján cuenta con más de 240 efectivos  policiales y un total de 44 móviles, proyectándose para el tercer trimestre de 2015 una dotación de 400 efectivos. Se realizaron 120 intervenciones en talleres mecánicos". Por último, indicó que "hay 6 unidades desactivadas en su mayoría por choques, y una unidad irrecuperable. Hay 6 cuatriciclos en espera de reparación y se solicitó al Ejecutivo Municipal la gestión ante el Ministerio de Seguridad de 6 unidades 0 km".

LOCALIDADES

A su vez, quedaron vacantes las localidades de Carlos Keen y Cortínez. Se impugnó Olivera porque su representante, Santiago Carrere, pertenece a la fuerza policial. Es que existe una disposición de la asamblea que estableció que los integrantes de la fuerza policial en actividad o recontratados no pueden participar del Órgano Ejecutivo.