Los muebleros ambulantes, de Colombia a Luján

"Los aparadores cuestan 2 mil pesos. Se pagan de a 100 pesos por semana, de a 300 por quincena o de a 400 por mes". Con una cadencia de voz que recuerda a la del futbolista Teo Gutiérrez o a la del fallecido Nobel de literatura Gabriel García Márquez, Miguel detiene la moto en mitad de la calle para ofrecer la tarifa de la mercadería que remolca sobre un carro. Son muebles de colores chillones, cuidadosamente embalados en plástico transparente.
Según el vendedor ambulante, su empresa se llama "Miguel Muebles" y está radicada en el barrio Juan XXIII, aunque sólo es posible contactarse con él a través de un número de teléfono celular. De hecho, parece más interesado en conocer la dirección del posible comprador -siempre en caso de que el mueble presente alguna falla-, que en revelar otros datos que permitan localizarlo.
Miguel no es el único vendedor con estas características que recorre las calles de Luján. Desde hace algunos meses, otros jóvenes trashumantes que, como él, también proceden de Colombia, transitan la ciudad ofreciendo modulares revestidos en fórmica, alguna que otra mesita de luz y hasta roperos de poco porte. Todo perfectamente embalado y sobre pequeños carros traccionados por motos de baja cilindrada e incluso por personas de a pie.
Los diseños de la mercadería son prácticamente los mismos, pero cambian los colores, que van desde el fucsia más rabioso al verde cotorra, y desde el marrón pomada al blanco liso y discreto.
Aunque en el Partido de Luján la venta ambulante esté prohibida por ordenanza municipal, y por más que en algunos barrios y localidades la presencia de vendedores callejeros sea motivo de cierta inquietud por parte de los vecinos, Miguel sigue concentrado en lo suyo. Es joven, tiene alrededor de 25 años, conversa de manera amable y sólo parece interesado en una cosa: vender sus muebles a la primera persona que se acerque y demuestre interés en ellos.

ALTO RIESGO
Según estimaciones, hace aproximadamente seis años que los muebleros ambulantes colombianos arribaron al país y se expandieron por diferentes provincias. El diario misionero El Territorio describió este particular fenómeno en Posadas con una mirada, en principio, enfocada en lo folklórico. "Salen en dos turnos y recorren la ciudad en motos con 10 "carretones". Lo más curioso es que quienes circulan durante horas por Posadas son todos colombianos. Dejaron su país por falta de trabajo y encontraron en Misiones la solución con la venta callejera. Los primeros llegaron hace dos años desde Cali y Bogotá y ahora son casi 50", señalaba el periódico en abril de 2011.
"El cantito de los bogotenses y caleños llama la atención de quienes se ven atraídos por los singulares muebles que se ofrecen en la calle y en el sistema puerta a puerta. "No trabajamos por pedido, lo hacemos casa por casa", explicó uno de los muebleros.
La clave del negocio, se explaya el matutino, parece estar en las ventajas que otorga el sistema de cuotas que hace que la financiación se pueda extender por varios meses, según le convenga al comprador. Los vendedores, por su parte, dicen que se fueron de Colombia por la falta de trabajo, y también como consecuencia de la violencia extrema y de la problemática que ocasionan los narcos.
Sin embargo, detrás de este fenómeno aparecen otras aristas poco conocidas en este país. Según un informe de W Radio de Colombia, en junio de 2013 fue desarticulada una red que esclavizaba colombianos en Argentina. Citando como fuente al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, estas personas eran sometidas a trabajar en talleres de muebles, luego de que les fueran arrebatados sus pasaportes.
Esa redada, casi sin repercusión en nuestro país, puso al descubierto la enorme dimensión del sistema: 25 colombianos fueron detenidos por mantener en estado de esclavitud a 225 connacionales en las provincias de Córdoba, Misiones, Mendoza, Jujuy, Salta, Santa Fe, San Juan, Tucumán, Chaco y Buenos Aires.
"La desarticulación de esta red se dio luego de casi dos años de investigación por parte de las autoridades argentinas, quienes además incautaron dólares, pesos argentinos, pesos colombianos y documentación".
Álvaro Calderón, director consular de la Cancillería colombiana, aseguró que se habían identificado más casos de ciudadanos en situación de esclavitud en otros países: "En Ecuador hemos visto explotación laboral y sexual, y en Europa también explotación laboral y sexual, además de matrimonio servil", declaró el funcionario.
El diario El País de Cali amplió la información. "Las autoridades realizaron 72 allanamientos simultáneos, en los que fueron detenidos los 25 colombianos, entre ellos los cabecillas de la organización delictiva, uno de ellos conocido como El Contador". Según se supo, El Contador llegaba al país una vez por mes, recorría los lugares de producción y se encargaba de recaudar el dinero de las ventas. Además, en los allanamientos, se libraron dos pedidos de captura internacional.
Durante los procedimientos también se pudo constatar la extrema precariedad con la que trabajaban y vivían estos ciudadanos extranjeros que, en todos los casos, se desempeñaban por fuera de la órbita de la AFIP.
Carlos Sánchez, director general de los Recursos de la Seguridad Social de la AFIP y quien además participó de los allanamientos, declaró a El País que el trabajo se realizaba "en condiciones de semiesclavitud, producto del hacinamiento y de la forma en que se los contrataba (a los ciudadanos colombianos). Se los convocaba en Colombia, se les ofrecía un pasaje para poder viajar hasta un determinado lugar, y luego que se los recibía se les generaba la deuda por el pasaje, además del costo de manutención que también les solventaban". De este modo, los trabajadores quedaban permanentemente endeudados y se veían obligados a trabajar para saldar el compromiso fraudulento.
"Estamos ante un caso de trabajo esclavo, pero desde la concepción moderna del término: no están encadenados, pero sí son sometidos y reducidos psicológicamente para que se integren en la organización para la realización de trabajos menores y en condiciones infrahumanas", agregó el funcionario.
La investigación iniciada por la Aduana de Argentina detectó el ingreso ilegal, entre 2009 y 2013, de tres mil colombianos. La pesquisa se originó a partir del llamativo ingreso de jóvenes de ese país que arribaban al Aeropuerto Internacional de Córdoba sin equipaje, sin dinero, y que declaraban como destino un domicilio común.
La directora general de Aduanas, Siomara Ayerén, dijo a El País que en 2011 la Aduana efectuó la denuncia y empezó a cruzar los datos. "Nos llamó la atención que llegaban frecuentemente al Aeropuerto de Córdoba muchos ciudadanos colombianos con algunos factores comunes: todos declaraban que venían como turistas o a visitar parientes, y siempre fijaban un mismo domicilio. Este fue un hilo conductor que nos llevó a sospechar. Además todos manifestaban que eran artesanos".
"A raíz de esto iniciamos un relevamiento y encontramos estos talleres clandestinos donde fabricaban, en general, muebles. Estas personas venían engañadas, y eso lo pudimos constatar a partir de una víctima que dio su testimonio a nuestros funcionarios, lo cual nos permitió avanzar con esta información", agregó.
El otro dato que llamó la atención a la Aduana y a las autoridades de la AFIP fueron las remesas fraccionadas de montos al exterior, en pocas cantidades, por parte de la red.
"Estamos ante una organización ilícita con un fuerte sustento territorial que funciona claramente bajo una estructura piramidal", afirmó la directora de la Aduana. "Lo llamativo es que se trata de una organización distribuida por diez provincias, organizada de la misma manera. En cada uno de estos lugares nos encontramos con entre cinco o seis personas. Son artesanos y fabrican pequeños muebles y canastos de escaso valor, esto es lo que llama la atención", sostuvo.
La investigación determinó que los muebles se comercializaban a través de un canal informal, mecánica que se repetía en las diez provincias con la misma estructura.
Ayerén y Sánchez creen que el negocio era una excusa para "crear canales de actividad logística y financiera", una de cuyas utilizaciones podía ser venta de mercaderías ilícitas, como droga. Para Ayerén, los allanamientos sirvieron para desbaratar a una estructura que "se estaba consolidando con una fuerte logística en distintos puntos del país, centros de consumo importantes y mano de obra. Estas plataformas permiten otro tipo de ilícitos, y entendemos que estaban en pasos preparatorios, por la documentación que estamos encontrando en algunos allanamientos que nos permiten demostrar que había tráfico de estupefacientes y lavado de dinero. La sospecha es que estaban montando una estructura para el tráfico de droga, por semejante estructura, la ramificación y la utilización".  La pregunta es: ¿realmente la estructura fue desbaratada?

TALLERES CLANDESTINOS
Si bien no se conoce con certeza cuántos vendedores ambulantes de muebles circulan en la actualidad por las calles de Luján, un cronista de EL CIVISMO constató la presencia de al menos tres jóvenes que se ganan la vida de este modo, tanto en los barrios San Cayetano y San Bernardo, como en las inmediaciones de Doctor Muñiz y Alsina.
De acuerdo a datos aportados por vecinos, en el barrio San Bernardo la "mueblería" se encuentra en un galpón despojado de todo cartel sobre la calle Rafael Obligado. "Yo vi una moto saliendo con dos carros cargados con muebles", aportó Javier, vecino del lugar.
En la calle Los 33 Orientales, del barrio Sarmiento, también funciona otra "carpintería" de similares características, desde donde todas las mañana salen carros cargados con modulares económicos. En el barrio Juan XXIII, según Daniel Massini, vicepresidente de la sociedad de fomento, el centro de producción se encontraría sobre la calle Quilmes, al tiempo que describe a los jóvenes colombianos como personas "educadas y muy respetuosas".
En Open Door, los vecinos aseguran que desde que el tren termina en la Estación Domingo Cabred la venta ambulante proliferó "como nunca" en la localidad. Y en una de las entradas de Torres directamente colocaron un cartel que advierte la vigencia de la ordenanza que prohíbe esta forma de comercio.
Al sistema de venta en cómodas cuotas se lo conoce como el "gota a gota". Consiste en brindar amplias posibilidades de financiación cuyo compromiso se salda con el pago mensual, quincenal, semanal e incluso diario de una cuota que, en principio, puede parecer módica. ¿Cuál es el secreto? Los intereses que se aplican sobre cada uno de los pagos. Cuando la deuda queda saldada, los muebleros obtienen un beneficio que finalmente queda muy por encima de cualquier tasa que pueda estipularse en el mercado legal.
La transacción, por otra parte, es totalmente informal. Acordada la venta, los cobradores vuelven a pasar por el domicilio del cliente para percibir el pago de la cuota. Esta modalidad, sin embargo, suele tener sus contingencias.
El 10 de noviembre de este año, un mueblero colombiano fue asesinado en Rosario. Además de la venta por goteo, la víctima estaba relacionada con la comercialización de estupefacientes, según revelaron los investigadores al diario La Nación.
Ese mismo día, pero en Tres de Febrero, se registró otro caso similar cuando un vendedor ambulante de muebles fue asesinado de dos balazos. "El lamentable suceso se produjo en horas del mediodía, en los fondos de la denominada Villa Escalada, en una zona cercana al arroyo Morón y la calle Firpo. La víctima, de nacionalidad colombiana, recibió dos disparos en la región torácica, a quemarropa, cuando se dirigió a ese lugar -aún no se sabe si fue armado- y se enfrentó con dureza a dos sujetos que, minutos antes, habrían intentado asaltar a uno de sus empleados mientras realizaba -con un carro de mano- la entrega y cobranza de muebles en un domicilio de la esquina de Río Tercero y Firpo, a pocos metros de donde se produjo el tiroteo", publicó el sitio Mi Periódico.

OTRA FACETA
Detrás de la venta de muebles a domicilio mediante el sistema "gota a gota", aparece otro mecanismo delictivo. Una vez establecida la confianza entre mueblero y vecino, se conocieron casos en los que el vendedor ambulante prestó sumas de dinero a personas que atravesaban una situación apremiante, y que luego fueron sometidas a maniobras extorsivas.
Nahuel Gallotta, periodista de Clarín, investigó los movimientos y sus variantes de las organizaciones delictivas colombianas en el país y retrató este sistema que se da, en su máxima expresión, en la ciudad salteña de Orán. "Los colombianos, además, atienden a la señora que no llega a fin de mes con la jubilación y los llama para comprar carne, pan rallado y todo lo que necesita para vender sandwiches de milanesa en la vereda y subsistir hasta volver a cobrar. Otro que pidió es un guardiacárcel, y por no pagar los últimos $500 que le habían prestado "recibió la visita" de los colombianos armados y vio cómo se llevaban sus electrodomésticos.
"A pesar de eso, y de otras amenazas que se escuchan en la ciudad salteña, solicita préstamos el panadero que consigue a buen precio la bolsa de harina y compra en cantidad para revender en otras panaderías. O el joven que tiene que salir con la mujer que siempre soñó y justo esa noche no tiene dinero para invitarla. Gracias a los colombianos, también, el papá que no alcanzó a ahorrar puede alquilar el salón para festejar el primer año de su hijo. Los narcotraficantes locales, lo mismo: cada vez que la Policía allana sus casas y se lleva la droga, llaman a los colombianos y vuelven a invertir ese dinero prestado para vender al menudeo. Porque los colombianos prestan y sólo les importa cobrar la deuda y los intereses, y no lo que hagan con ella. Los clientes, igual: jamás preguntan de dónde sale el dinero, son los únicos que dan préstamos a alguien que no tiene recibo de sueldo", describió el periodista.
"Los vecinos saben que si tienen una urgencia, si se les presenta un negocio o si tienen ganas de hacer un mini emprendimiento, los colombianos van a sus casas con el dinero que necesitan. Para acceder a sus préstamos, sólo hay que presentarles fotocopia de documento y una factura de algún servicio.
"También saben, los oranenses y los de otras ciudades linderas, que si no devuelven el dinero tendrán a los colombianos en sus casas, armados, llevándose lo que tengan, y cobrándoles intereses altísimos", detalló.
En Argentina, esta práctica lleva más o menos dos años. Pero nació en Medellín, Colombia, a fines de los 80, y fue en ese país donde se la bautizó con el nombre de "gota a gota". En la actualidad, los prestamistas colombianos se extendieron a toda América Latina.
El sistema es siempre el mismo: el dinero se devuelve en 24 días. Los cobradores se dedican a pasar diariamente por los domicilios de los que adquirieron el préstamo y cobran la cuota correspondiente con un 20% de interés. "Ellos me ofrecieron sus servicios. Me dijeron "díganos si alguien lo molesta y verás que lo deja de hacer". No viven de los muebles. Está la carpintería, pero atrás, la usura. Dejé de pedirles y parece que vieron mi crecimiento económico y ahora me exigen dinero", le contó a Gallota uno de los vecinos que quedó atrapado en este sistema.
Según el fiscal federal de Orán, José Luis Bruno, que fue entrevistado en la misma nota, estos delincuentes "son prestamistas sin escrúpulos. Pero para dedicarse a la usura tienen que tener mucho dinero. ¿De dónde vendrá ese dinero? Ellos te prestan y si no tenés cómo pagar te piden la escritura de tu casa. En el mundo hay homicidios por deudas".
1.704 kilómetros separan a San Ramón de la Nueva Orán de Luján, pero las particularidades que aparenta tener la modalidad de los muebleros ambulantes colombianos en esta ciudad encienden, al menos, una luz de alerta sobre el incipiente fenómeno.

Puntos de vista
Para el secretario de Seguridad de la Municipalidad, Héctor Navarro, los muebleros ambulantes "fichan casas" aunque no descarta que esa actividad oculte otro ilícito.
El subcomisario Víctor Estevena, de la DDI Luján, conoce también de la existencia de los vendedores ambulantes de muebles que andan por la ciudad y tiene una visión parecida. "Nos llegó una información que hace tiempo que están acá, que no serían de este país y tomarían ese trabajo para tapar algún ilícito que estuvieran cometiendo. Por ese motivo, se va a investigar ese tema".
Por su parte, el comisario Nelson Petraglia a cargo del CPC, señaló que "con respecto a los vendedores ambulantes estamos haciendo causas con intervención del Juzgado de Paz por infracción a la Ley 8031 pero, no obstante ello, hay algunos que están autorizados por la Municipalidad que pagan un permiso previo a registrarse, se les da una credencial, se identifican y así pueden vender. He visto (muebleros ambulantes) y sé que hay una familia que está en Carlos Pellegrini y vende muebles. Si no me equivoco son extranjeros: dominicanos o portorriqueños. Andan vendiendo por todos lados y los hemos identificados. Pero soy sincero, le he comprado un sillón a mi nena cuando era bebé y no me parecen mala gente".
El comisario inspector Marcelo Guerra, jefe de la Policía Distrital, aseveró que por el momento no hay denuncia contra los vendedores de muebles ambulantes.