No se consigue en un mercado sin regulación

Nueve millones de personas fueron beneficiadas entre 2002 y 2014 por las políticas creadoras de empleo y de protección social. La población con capacidad efectiva de compra pasó de 5 millones a 14 millones de habitantes, expansión que se tradujo en un crecimiento formidable del consumo y del crédito bancario asociado. Los bancos dedicaron a ese financiamiento la mayor parte de los recursos que les proveen sus depositantes, al punto que el Banco Central (BCRA) tuvo que recuperar la capacidad de orientar el crédito para que el sistema financiero argentino trate también como sujetos de crédito a los productores de bienes y servicios.
La reforma de la Carta Orgánica del BCRA en el mes marzo de 2012, abrió las puertas a una política activa de la entidad para orientar el crédito. Tres meses después de promulgada la ley con la reforma que incluyó en las funciones del Central promover el empleo y el desarrollo económico con equidad social, el gobierno nacional lanzó una línea de créditos para la inversión productiva. Cuando la presidenta de la Nación anunció la nueva política crediticia, recordó que los bancos "prestan mucho menos a los empresarios y prestan mucho más al consumo".
El comportamiento reiterado de los bancos privados de prestar menos al sector productivo que a los consumidores, llevó a Rodrigo López y Pablo Mareso, investigadores del Centro de Economía y Finanzas para el desarrollo de la Argentina (Cefid-Ar), a buscar una respuesta a esa elección.
La hipótesis que presentan los especialistas adjudica ese comportamiento a la preferencia de liquidez que tienen las entidades privadas en el contexto de presiones cambiarias que sufre la Argentina. Se trataría de que los bancos esperan que la tasa de interés varíe para desincentivar la fuga a otras monedas y ante esto prefieren créditos de corto plazo que les asegure el grado de liquidez que minimice las pérdidas en caso de una suba en el costo del dinero. La especulación de los banqueros sobre tasa de interés y tipo de cambio se da en el marco de decisiones que ellos mismos toman para facilitar la fuga de capitales y generar presiones cambiarias. Es decir, se protegen de las consecuencias de hechos que ellos provocan.
La Línea de Crédito para la Inversión Productiva (LCIP) que Cristina Fernández de Kirchner anunció el 5 de julio de 2012 obliga a las entidades con depósitos del sector privado no financiero iguales o superiores al 1% del total de sistema financiero, a destinar a inversiones productivas y con mayor direccionamiento a las pymes y a un plazo no menor a tres años, un monto como mínimo equivalente al 5,50% de sus depósitos y con un interés preferencial. En la actualidad, la tasa es del 17,5% anual.
La vigencia de este programa debería ser razón suficiente de festejo para la pequeña empresa. Esta puede tener aún sus exigencias, pero si analizamos las que presenta el Observatorio Pyme, creado por la UIA y Techint que de pymes nada tienen, parecen estar desconectadas de las verdaderas necesidades del financiamiento de los más pequeños. Este observatorio critica las regulaciones del sistema bancario, sosteniendo que el crédito no crecerá sin que los depósitos y el crédito se vuelvan rentables.
La necesidad de ahorro previo para que el sistema bancario preste es incorrecta. Cada vez que un banco otorga un crédito a un cliente, al mismo tiempo abre un depósito a su favor. Con este mismo depósito, o la parte de él que permanezca en el sistema bancario, el banco posee los fondos para acomodar sus encajes y en caso de que exista una demanda solvente, dar más créditos y ante la eventualidad de una salida masiva de los depósitos puede recurrir al BCRA como prestador de última instancia.
No tener regulaciones no asegura mayores préstamos ni tampoco la propuesta de que el ahorro en pesos sea atractivo frente a otras monedas. La solución no es afrontar los costos de la desregulación, que terminan siendo impagables, sino fijar tasas mínimas para los plazos fijos como ha hecho el Banco Central y tasas preferenciales para el crédito a las pymes.
Los bancos privados que deben ofrecer la Línea de Crédito para la Inversión Productiva cuentan al segundo semestre de 2014 con más de 17 mil millones de pesos para esa asistencia crediticia, sin considerar los correspondientes a entidades financieras públicas o los bancos que ofrecen servicios al sector público.