La otra inseguridad: deudas sociales y vulnerabilidad de derechos

Cantidad de patrullero y de personal, cuadrículas, mapa del delito y escuela de policías, son algunos de los tópicos que aparecen en cada una de las reuniones vinculadas a la seguridad local. La urgencia por el aumento de robos, y también por el grado de violencia que muchas veces se percibe en sus ejecuciones, dificulta poner en la agenda pública un concepto más amplio de inseguridad.
El miércoles, durante un plenario convocado por concejales de la oposición, el Departamento Ejecutivo decidió sumar a ese encuentro al área de Políticas Sociales. Aunque la presencia de esos funcionarios y las explicaciones dadas no terminaron de atraer la atención de algunos ediles, las exposiciones permitieron un acercamiento en clave social a la inseguridad intrafamiliar que padecen muchos niños y adolescentes lujanenses, cuyos derechos son vulnerados por situaciones de maltrato infantil, de abuso sexual, adicciones o situación de calle. También se hizo referencia a los casos de violencia contra la mujer, en una problemática transversal a todas las clases sociales, aunque con efectos diferentes.
En ese contexto, los funcionarios adelantaron que se solicitará financiamiento, a través del Fondo de Seguridad, para dos proyectos ya avanzados en su ejecución destinados a instalar una casa de abrigo para niños y adolescentes y otro inmueble que permita alojar a mujeres alcanzadas por la violencia de género.    

ABRIGO
María de los Ángeles Escuarchi, subdirectora de Abordajes Integrales de las Unidades Domésticas, explicó que el Servicio Local de Protección y Promoción de los Derechos del Niño está compuesto por una coordinadora y cuatro equipos que suman a psicólogos, trabajadores sociales y abogadas. El trabajo territorial se divide en zonas con barrios determinados.
Las cifras registradas entre enero y junio del corriente año exponen 325 denuncias recibidas desde la Comisaría de la Mujer donde existe algún niño, niña o adolescente involucrado en situaciones de vulneración de derechos.
Jimena Cortesi, coordinadora del Servicio Local, planteó que una vez en funcionamiento la Casa de Abrigo "en los casos de urgencia los niños serían trasladados a esa casa hasta que el servicio zonal determine a qué hogar podemos trasladar al niño o si hay un familiar en otra ciudad que lo pueda receptar".
"La cuestión principal es que en el momento de urgencia el niño no permanezca en ese núcleo. Cuando se toma la medida de que hay que sacarlo del hogar, es porque la situación es grave y no da para más. Hoy no tenemos dónde llevar a ese nene. ¿Qué hacemos cuando el servicio zonal no tiene vacantes? ¿Lo devolvemos al mismo núcleo donde se le están vulnerando los derechos? Lamentablemente no estamos dando respuesta en ese aspecto", indicó Cortesi.
En la actualidad –detallaron los funcionarios- el área de Niñez cuenta con siete solicitudes de niños o adolescentes que necesitan de un traslado urgente. Sin embargo, "no tenemos respuesta desde los estamentos superiores".
Guillermo Bertoni, director de Políticas Sociales, marcó que "en la mayoría de los casos se trata de solicitudes realizadas por los propios niños, es decir, niños que piden irse de la casa y la ley nos obliga a darles un lugar de resguardo". Por otra parte, en lo que va del año se registraron unas 50 intervenciones de urgencia atendidas por el equipo de guardia.

GÉNERO
Silvina López Chalde, subdirectora del área de Políticas de Género, expuso a su turno la problemática en torno a la violencia contra la mujer, que el año pasado acumuló unos 300 casos denunciados ante la Comisaría de la Mujer.
"Uno tiene que empezar a pensar en la prevención, para mejorar lo que estamos padeciendo. Para eso hay que ver varias aristas, una es la asistencia cuando el problema está detectado y otra muy distinta es poder generar espacios que hagan a la prevención. Se previene generando espacios con esperanzas de estilos de vida. ¿Qué vamos a apostar en estos jóvenes? ¿Qué vamos a apostar en estas mujeres? Las cosas que estamos haciendo actualmente tienen que ver con recurso paliativos y dando respuestas donde el Estado estuvo corrido durante mucho tiempo", planteó.
Chalde explicó a los concejales que "únicamente estamos pidiendo que se puedan pagar los cuatro contratos de profesionales capacitados, porque ya tenemos el lugar, que fue cedido por una institución". Al respecto, consideró que "si hablamos de costos financieros, son mínimos en comparación a la implementación de cámaras y demás medidas de seguridad. Estamos hablando de pagar sueldos a profesionales".
"El problema de la violencia de género está totalmente invisibilizado. El femicidio existe y las muertes en las mujeres existen en todos los niveles, no sólo en los sectores pobres. Hay situaciones de violencia de género también en otros niveles sociales. El refugio vendría a dar respuesta como modo de seguridad. Este tema es una de las aristas de la seguridad para que no se sigan vulnerando derechos. En el caso puntual de lo que es la seguridad, estamos pidiendo que salgan cuatro sueldos", agregó.

EDUCACIÓN
Otro de los funcionarios presentes en el plenario del miércoles fue Carlos Romero. El subdirector de Educación explicó que "hay una correlación estadística entre el nivel educativo y el nivel de vulneración de derechos".
"Esto no significa que a los pobres le va todo mal y a los ricos le va todo bien, no digo eso, pero hay una correlación estadística directa entre los barrios con mayores niveles de vulneración de derechos intrafamiliar y el bajo nivel educativo. Es decir, en los barrios donde hay mayor cantidad de analfabetismo, hay mayores niveles de violencia", indicó.
Romero dijo que "algunos pueden preguntarse qué hace un funcionario de Educación en una reunión de seguridad, pero lo que pasa es que existe una correlación directa entre los hábitos que genera la estructura educativa, no solo en el sentido formal del término, y la vulneración de derechos".
"Tenemos que generar en la gente condiciones de éxito, porque nadie vuelve a la escuela si sabe que le va a ir mal, entonces queda afuera. Históricamente la secundaria nunca fue concebida para todos, sino para una parte de la población, por eso muchos chicos salen despedidos de la secundaria y los tenemos dando vuelta. Queremos trabajar a nivel preventivo en los CAPS para ayudar a que los jóvenes puedan retomar los hábitos y tratar de reincorporarse", anunció.

Comentario desafortunado
Sobre el final de la exposición a cargo de los funcionarios de Políticas Sociales, el subsecretario de Seguridad, Héctor Navarro, los consultó sobre una situación que –dijo- se da en el Hospital Municipal. Los términos de su planteó llamaron la atención de varios presentes.
"¿Qué se hace con esta gente indigente, por así decirlo, que noche a noche acampa en el Hospital? Nuestro Hospital está padeciendo una serie de indigentes que llegan muertos de frío y acampan en el Hospital. Hay gente que viene muy temprano al Hospital y tiene un poco de miedo y a veces hasta no pueden usar los sanitarios, porque ésta otra gente acampa. Por supuesto, la Policía no hace absolutamente nada, tampoco se puede utilizar la fuerza. El problema es que son gente...lamentablemente sucia".
Bertoni le aclaró a Navarro que la situación descripta no configura delito alguno, mientras que el subsecretario de Políticas Sociales, Sergio Sequeira, explicó que "con las situaciones de calles que vemos habitualmente, no podemos actuar porque hay una ley de salud nacional que no nos permite sacar a nadie ni tocar a nadie, salvo por propia voluntad de la persona instalada o que cometa un delito".